“Si quisiera ponerlo en la esquina Martín (Lariora), Miley literalmente le arrojó una cuerda. Convirtió el conflicto con los docentes en un conflicto nacional, que era difícil de resolver en Córdoba”, admitió un funcionario provincial, sobre la dura decisión del gobierno nacional de no destinar recursos para incentivar la enseñanza.
La escalada del conflicto entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, en el que el cordobés Martín Llaryora es protagonista, tiene distintas consecuencias.
Convencido de que los gobernadores eran «gastadores constantes» y se negaron a hacer ajustes, Millay decidió eliminar el financiamiento nacional para la educación, como lo había hecho anteriormente con el transporte público en el interior del país.
Son decisiones que causarán problemas a los dirigentes provinciales, pero si se quieren consecuencias directas, la gente corriente tendrá que pagar.
Especialmente aquellos que pertenecen a sectores necesitados de la sociedad utilizan el transporte público para enviar a sus hijos a las escuelas públicas.
En este caso, no hay cambios en los incentivos docentes y el inicio del año académico en todo el país está en peligro.
Con esto, el conflicto docente se volvió nacional. Así, las principales denuncias apuntarían a la Casa Rosada y a los gobernadores de fondo.
El próximo jueves, el Sindicato Nacional de Docentes (Ctera) realizará un congreso que resolverá definitivamente un paro nacional el 26 de febrero cuando inicien las clases en varias provincias, incluida Córdoba.
Gobernadores, incluido Lariora, responsabilizan a la Casa Rosada de la situación de las aulas vacías. Y no perderán de vista la verdad.
Sin embargo, en Córdoba, como en otras provincias, hay motivos locales que ponen entre signos el inicio de clases.
Pero, como ya hemos dicho, el conflicto se volverá nacional. De ahí la definición egoísta del lauerismo, en el sentido de que ayudó al gobernador a través de la motosierra del ajuste fiscal también en la educación.
A diferencia de otros sindicatos estatales, donde los líderes ejercen un mayor poder de toma de decisiones, las bases de la UEPC tienen una fuerte influencia sobre las decisiones, particularmente sobre los convenios colectivos.
Lariora suspendió las negociaciones con la UEPC antes de que Miley tomara la drástica decisión de retirar la financiación nacional del vital sector educativo. Superado por el siempre activo entrenador, el gremio docente pidió cumplir el contrato firmado por el anterior gobernador, Juan Schieretti, y Lariora anunció que ya había recaído en el Ministerio de Trabajo provincial.
El gobernador acordó con otros gremios el aumento para el primer trimestre del año, que suele ser la mitad de la inflación y un monto fijo que parte de 40 mil pesos y será de 50 mil pesos en marzo.
UEPC rechazó esta oferta. Primero quiere llegar a un acuerdo en enero que debería aumentar la tasa de inflación, según el convenio colectivo firmado por Schiaretti, que en diciembre era del 24,19% en Córdoba. Llariora está muy lejos de lo que han acordado otros sindicatos estatales.
La procrastinación en acción
Además, el gobernador tomó otra decisión que afecta a los jubilados, tema que molesta mucho al gremio docente con su gran sector inactivo: a través de una resolución del Ministerio de Hacienda restableció el diferimiento del momento en que son para los jubilados. Obtener un determinado aumento de los activos.
Schiaretti fue aplazada hasta el 31 de diciembre. En reuniones con sindicalistas, Lariora se comprometió a mantenerlo inactivo. La crisis económica le obligó a cambiar de opinión.
El diferimiento se implementó de la siguiente manera: para los pasivos recibidos hasta 470 mil pesos a partir del 31 de diciembre se mantiene la suspensión diferida; Para quienes ganan entre 470 mil y 700 mil pesos, el aplazamiento es por 30 días y para quienes ganan más de 700 mil pesos, el aumento se cobra recién después de 60 días.
Desde agosto pasado, Schiaretti había congelado la postergación del cobro de 500 mil pesos. Esto dejó al 95% de los docentes jubilados sin aplazamiento.
Con la variación introducida por Llaryora, según datos de la UEPC, alrededor del 45% del profesorado jubilado sufre procrastinación.
Otro problema al que se enfrentan las negociaciones con la UEPC es que si ofrece un aumento mayor, tendrá que transferirlo a otros sindicatos. Por este motivo, Llariora no está dispuesto a mejorar la oferta salarial del profesorado.
Frente al gobernador hubo un cruce con docentes. Por ahora, Miley abrió una puerta de escape al conflicto docente, con la intención del presidente de arrinconarlo.
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