Un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por la armada de un presumonto plan sistemático de inteligencia ilegal

el fiscal federal Franco Picardi pidió que el expresidente Mauricio Macri mar investigado por el presunto armado, durante su gobierno, de un “plan sistemático y organizado” de inteligencia ilegal.

Picardí es el fiscal de la causa en la que estan procesados ​​los exjefes de la AFI gustavo arribas y Silvia Majdalani Acusados ​​de haber ordenado tareas de espionaje prohibido contra cristina kirchner en su casa y en el Instituto Patria, entre julio y agosto de 2018. En ese expediente, Picardi solicitó ayer que fueran elevados a juicio Arribas, Majdalani, el extitular de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exresponsable del área de Operaciones Especiales de esa dirección Alan Ruiz. Pero además, en esa misma causa, hizo otra presentación en la que apuntó contra Macri. El objetivo de Picardi es que se abra un nuevo expediente con el expresidente como acusado.

El fiscal consideró que el análisis de la prueba recabada en este caso y en más de una decena de casos más permite establecer “una sospecha razonable de que las prácticas de inteligencia se realizaron sobrepasando el marco legal vigente tanto a nivel nacional como convencionalmente durante la administración anterior”. ” del Poder Ejecutivo Nacional fueron configurativas de un plan sistemático y organizado desde los más altos niveles del Estado para lograr objetivos políticos y personalesseguramente alejados de un interés estatal legítimo o convincente”.

Picardi hizo sus presentaciones ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgique ahora debe decidir si avanza con el proceso de elevación a juicio de la causa por el supuesto espionaje del que fue víctima Cristina Kirchner y si manda a dibujar la denuncia de Picardi contra Macri.

El expresidente no tenía hasta ahora ninguna causa abierta por espionaje ilegal. Estuvo tramitado en la causa que investiga el seguimiento de familiares de los tripulantes del ARA San Juan (lo procesó el juez federal de Dolores Martín Bava el año pasado), pero al pasar la causa a Comodoro Py fue suprimida por la Cámara Federal.

Picardi señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener intereses personales como aquellos que tuvieron ni como víctima a su entonces principal opositora, Cristina Kirchner; o los que vivieronnor como espiados a su hermana Florencia Macri ya su pareja Salvatore Pice; también, las realizaciones hacia el periodista del diario LA NACION Hugo Alconada Mon.

En el caso de Hugo Alconada Mon, el propio journalia referenció que las supuestas tareas de espionaje que lo tivenon por victim ocurrieron cuando investigaba al brother de Macri, Gianfranco, por el caso connocido como Panamá Papers, ya su primo Ángelo Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento.

Por otra parte, al describir al pedido de elevar a juicio la causa por el espionaje al domicilio de la vicepresidenta y al edificio del Instituto Patria -sede política del kirchnerismo-, el fiscal sustuvo que ya no quedan pendientes medidas de prueba en relación a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, y al titular de esa dirección, Martín Coste.

Arribas, Majdalani y Ruiz estan procesados ​​por supuesto espionaje ilegal y por falsedad ideologica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida mientras que Coste fue acusado solo por la producción de esos documentos.

Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en ese caso “se realizaron bajo dos modali- das en particular: por un lado, durante el día, los agentes de la AFI se personaban en los domicilios en los domicilios para realizar las observaciones, vigilancias, registros y aramentos y, por otro lado, durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las immediaciones de los domicilios en cuestión”, sostuvo el fiscal.

«Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo», relató en esa causa un testigo de identidad reservado, según consta en el dictamen al que tuvo acceso Télam.

Esas maniobras fueron justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la Justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque En el marco de la cumbre internacional del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires por esos días.

Arribas y Majdalani “crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz”, dijo el fiscal, y luego aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación “directa y sin intermediarios” con ese oficial, por lo que “no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI”.

“Ruiz funcionó como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas ilegales de inteligencia contra Cristina Kirchner y la concreción de esas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas. Provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich”, puntualizó el fiscal.

Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de “opacidad” a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobradas investigadas.

La causa por el presunto espionaje en el Instituto Patria se inició el 20 de febrero de 2020, con base en la denuncia interpuesta por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño, la cual se basó en el hallazgo de documentos internos y manifestaciones puntuales de diversos agentes. quienes dieron cuenta de presuntos hechos de inteligencia ilegal.

El caso tramitó primero ante la justicia de Lomas de Zamora porque allí estaba radicado el expediente en el que se investigaba si había líderes políticos que puedieren ser blanco de ataques de supuestos grupos anarquistas ante la inminencia de la cumbre del G20.

LA NACION