Las nuevas categorías de usuarios para la segmentación de tarifas se definieron luego de que el proceso de registro para acceder a los subsidios finalizó a la medianoche de este domingo, según información proporcionada por la Secretaría de Energía.
Los incrementos que todava resta disponer solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de majores ingresos, ya aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al Registro de Accessos a los Subsidios a la Energía (RASE), en tanto los niveles 2 ( menores ingresos) y 3 (ingresos medios) no tendrán modificación alguna respecto de la tarifa que estaban abonando.
El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, indicó que ya se registraron 8,5 millones de usuarios y dijo en declaraciones a Télam que la previsión es que se registren 11 millones de usuarios residenciales en todo el país. .
Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa completa (sin subsidios) de forma paulatina en un proceso que culminará a finales de año y que se verá reflejado en un incremento promedio de 1200 pesos mensuales desde septiembre hasta completar unos 3500 desde enero 2023.
Esta franja de usuarios debe cumplir al menos una de estas condiciones: ingresos netos mensuales superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (realmente 364.758 pesos), propietario de 3 o más automóviles con antigüedad mayor a 5 años, de 3 o más inmuebles, de una o más dirigibles o embarcaciones de lujo o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Los ingresos de los usuarios de menores, adheridos a la tarifa social, tuvieron un incremento total de 21,6 por ciento en el primer semestre, equivalente al 40 por ciento de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) el año pasado.
Los usuarios de esta franja tienen ingresos inferiores a una CBT (104.216 pesos), un integrante en el hogar con certificado de vivienda del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), un domicilio donde funcción un comunitario registradore comunitario y al menos un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Si entre los integrantes del hogar hay al menos uno que posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, los ingresos totales para ser incluidos en el nivel 2 se elevará al equivalente a 1,5 CBT (156.325 pesos).
Por otra parte, a los usuarios de ingresos medios se les aplicó un incremento total de 42,7 por ciento (80 por ciento de CVS de 2021).
En este caso, para ser incluidos en el nivel 3 no será necesario que reúnan las características de los otros dos niveles, salvo que sean usuarios del nivel 2, pero sean propietarios de 2 o más edificios o de un vehículo de hasta 3 años old. , excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Los niveles 2 y 3 seguirán teneido, en distintas proporciones, las tarifas con subsidio, entendidas por la Secretaría de Energía como “una herramienta del Estado para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación”, según las consideraciones del decreto 332/ 2023.
En esa norma se presentarán los criterios de segmentación que «permitirán identificarse en forma más adecuada a distintos grupos de consumidores y consumidoras, en un marco de mayor equidad distributiva y justicia social».
El mismo decreto advierte que la estructura actual de los subsidios «genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago».
Por eso la norma extraña «necesario orientar la política de subsidios con sentido social protegiendo fundamentale a los sectores con menores ingresos, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva, contemplando las diferencias Realidades y situaciones del universo de usuarios y usuarias».
En el primer semestre, los subsidios del Estado nacional destinados al sector energético ascendieron a 764.483,2 millones, con un incremento interanual del 116,8 por ciento, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
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