Las voces del oficialismo que promueven una ley contra el «discurso del odio» difícilmente habrían quedado a salvo de su alcance en el pasado: la intensidad del debate politico de los ultimos años muestra varios ejemplos de “excesos verbales” atribuidos a líderes que militan hoy dentro o cerca del gobierno de Alberto Fernández.
el llamado «discurso del odio» es una figura que el Gobierno adjudica a la oposición ya los medios de comunicación, en medio de las repercusiones que suscita en la opinión publica el juicio a la vicepresidenta cristina kirchner por la causa Vialidad.
En abril de 2012, cuando la causa Ciccone daba sus primeros pasos, el entonces vicepresidente Amado Boudou Arremetió contra lo que llamou “La mafia Magnetto y sus esbirros judiciales”, en una tensa conferencia de prensa en el Senado, en la que no admitió preguntas. El corolario de este delito fue la destitución del fiscal general. Esteban Righi, Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
“A Macri hay que fusilarlo en la Plaza de Mayo”se despacho el dirigente Luis D’Elía en julio de 2018, durante el gobierno de Cambiemos. Acusó al entonces presidente de “endeudar al país” y lo llamó “mafioso y ladrón”.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la discusión de la Reforma Provisional en diciembre de 2017, en medio de graves incidentes en las inmediaciones del Congreso, y la muerte del joven artesano Santiago Maldonado, que se ahogó, según certificó la Justicia, luego de casi tres meses de denuncias sobre desapareció forzada, generaron fuertes críticas al oficialismo que gobernó hasta 2019.
En aquel debate sobre la reforma previsional, cuando fuera del Congreso dominaban escenas de caos, el diputado Leopoldo Moreau, quien integró el bloque de Unidad Ciudadana, acusó al gobierno de Macri de “encarnar una república de la represión”. Luana Volnovich, hoy titular del PAMI, definió en su discurso parlamentario la gestión de Juntos por el Cambio como “Un gobierno de cobardes: débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”, frase tomada de Néstor Kirchner.
Hace unos meses, la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches que showraban en un fotomontaje a líderes de Juntos por el Cambio con vestimentas nazis. Se vinculaba esa página negra de la historia y la función de una “Gestapo” con los positores Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas y Patricia Bullrich, quien pidió a la Justicia investigar el financiamiento de esta campaña.
Un hecho emblemático durante el periodo kirchnerista fue el “juicio ético y político contra periodistas en la Plaza de Mayo, montado a modo de parodia de un proceso judicial, que encabezó la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, contra reconocidas figuras del periodismo, en tiempos en que el Gobierno impulsaba la ley de medios. Se apuntó especialmente contra los periodistas Mariano Grondona, Magdalena Ruiz Guiñazú –fallecida ayer–, Claudio Escribano, Máximo Gainza Castro, Joaquín Morales Solá, Mirtha Legrand, Bernardo Neustadt, Mauro Viale, Chiche Gelblung y Vicente Massot.
Pocas horas antes del particular veredicto, el director de grabaciones de “Magdalena tempranísimo”, Ruiz Guiñazú, difundió en su programa un reportaje que había realizado en Bonafini en febrero de 1984, en el que agradecía al director su presencia. “la primera mujer” en mencioria a las Madres por la radio.
Hubo, además, una ofensiva contra los medios independientes desde el propio canal del Estado, especialmente desde el programa ultrakirchnerista 678. Varios de los panelistas se consideraron despedidos cuando celebraron el contrato de la productora con el canal público y obtuvieron en la Justicia indemnizaciones millonarias .
En febrero de 2015, molesto por una información sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, el entonces jefe de Gabinete y hoy gobernador del Chaco, Jorge Capitánich, rompió de todos delante los periodistas un ejemplar del diario Clarín, en plena conferencia de prensa en la Casa Rosada. Fundamentó la tajante decisión en “las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Grupo Clarín”. La campaña contra la prensa y las voces críticas significó “la mayor ofensiva contra el periodismo independiente desde el fin de la última dictadura militar”, Advirtió multas de 2015 a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Varios de esos ataques, ampliado también a la Justicia, continuado y actualizado en los últimos años.
En tiempos más recientes, en junio de 2020, el dirigente Martín Sabbatella, recordado por su activa militancia a favor de la ley de medios durante el kirchnerismo y actual titular del Acumar, declaró que “en la Argentina hubo una banda mafiosa dirigida por Macri”, al insistir en sus denuncias sobre espionaje ilegal en los años del gobierno de Cambiemos. “Son hechos que no sorprenden”, insistió, empeñado en dar crédito a sus acusaciones.
El caso Maldonado fue uno de los temas que profundizó la grieta y las tensiones. “Hubo una intensa campaña contra la Gendarmería y contra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad durante el caso Maldonado. Se invitaba a repudiar a las fuerzas de seguridad en las escuelas, incluso en muchos colegios a los que concurrían hijos de gendarmes”, recordó. Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y actual directora del Enacom por la oposición.
En diálogo con LA NACION, Giudici cuestionó “la proliferación de iniciativas en distintos amítos del Estado, tendientes a regular y sancionar supuestas noticias maliciosas (fake news) y el llamado discurso de odio”.
El delito de calumnias e injurias fue despenalizado en el país en 2009, luego de un fracaso del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asi lo posiblemente a la Argentina en el caso kimel, que recuerda a un periodista que había sido condenado por la Justicia.
“Sacamos la cárcel para las calumnias e injurias, pero ahora quieren impresionar para el entorno digital, con una ley contra el odio”, estimó Giudici, quien no olvida que durante la pandemia hubo casos de vecinos y periodistas que fueron detenidos en provincias como Formosa y Misiones, por no cumplir o questantara la cuarentena
Giudici advirtió que la nueva variante de “ley mordaza” constitutiva de una “herramientas para censurar las voces dissidenes y disciplinario a los medios que cuestionan al poder”. Si bien la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, negó que la Casa Rosada impulsó una ley contra los “discursos del odio”, el titular de la Fundación LED sostuvo que la oradora dejó la puerta abierta para la aplicación de “correctivos” en el manejo de la pauta oficial.
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